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País: Chile
Fecha: 2017-02-11
Medio: El Mercurio
Sección: Editorial
Página(s): A3
Centimetraje: 12x18 cms
Seguros de salud y el caso Masvida
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Una serie de decisiones comerciales equivocadas o que no rindieron los frutos esperados es el origen principal de la compleja situación que vive actualmente Isapre Masvida. Son riesgos propios de todo emprendimiento, y es habitual encontrar situaciones en las cuales las compañías deben buscar nuevos inversionistas y reestructurarse significativamente o, en casos límites, dejar de funcionar. En ese sentido, el momento por el que atraviesa esta empresa no debiera dar pie a una alarma desproporcionada.

Sin embargo, los problemas de los clientes que han contratado un seguro de salud sí deben ser motivo de preocupación, en particular la situación de aquellos que tienen preexistencias y, en general, los que puedan enfrentar obstáculos para cambiarse a otra institución si así lo deciden o si Masvida no logra resolver sus dilemas. Estas dificultades son propias de un mal diseño regulatorio que está detectado hace tiempo, pero sobre el cual no se ha querido legislar, postergándose una solución.

Es evidente que, en un sistema de multiseguros como el chileno -no redistributivo, salvo en el caso del asegurador público-, carece de mayor sentido el mandato que impone destinar a salud un porcentaje fijo del ingreso. Esto obliga a los aseguradores a producir múltiples planes que se ajusten al ingreso de cada persona o familia. En lugar de ello, la obligación principal debería apuntar a la contratación de un plan básico que cumpla con las coberturas de prestaciones, estándares de atención y garantías financieras que se estimen apropiados. Los aseguradores competirían por ofrecer este plan al menor costo posible o con estándares más elevados que los exigidos. Por cierto, la forma en que debería financiarse un plan así es objeto de discusión desde distintas perspectivas: eficiencia, equidad e incluso constitucionalidad.

En la medida en que este esquema contemple ajustes por los distintos riesgos de los afiliados, las preexistencias, los precios diferenciados o la competencia por quedarse con los "buenos riesgos" en lugar de ofrecer la mejor atención tenderían a desaparecer. Ello facilitaría la movilidad entre las instituciones y evitaría que algunas personas queden "atrapadas" en un asegurador. Adicionalmente, facilitaría los ajustes del precio del plan en respuesta a aumentos de costos.

Indudablemente, avanzar en esta dirección no está exento de complejidades. Definir apropiadamente los mecanismos de ajuste de riesgo no es fácil. Idealmente, Fonasa, como asegurador público, no debería quedarse fuera de la reforma, pero incorporarlo requiere de cambios en su funcionamiento que suponen otras tantas complejidades. Con todo, esta es la dirección en la que debería avanzarse y las permanentes postergaciones en una reforma así solo dilatan un problema evidente.
Recuadro :
Las permanentes postergaciones de una reforma dilatan un problema evidente.
 
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