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País: Chile
Fecha: 2017-05-09
Medio: La Segunda
Sección: Opinión
Página(s): 13
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Judicialización en la seguridad social
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Ernesto Evans E. Asociación de Mutuales de Chile
La judicialización en la que se ha visto involucrada la industria de las isapres es un fenómeno creciente y muy preocupante. En 2016, los recursos de protección interpuestos llegaron a más de 185 mil, y 42 mil de ellos por la judicialización GES. Desde 2010 ya van más de 519 mil causas por alzas de precios.

Con este panorama es evidente que el desvío de tiempo y recursos trae consecuencias negativas al sistema de salud privado, pues se emplean en asuntos que muchas veces nada tienen que ver con la atención en salud, perjudicando, finalmente, a las personas. Estos niveles de conflictividad no son sostenibles en el tiempo. Seguir atochando el sistema judicial en nada ayuda a hacerlo más rápido y eficiente, y se traduce en efectos colaterales indeseables desde todo punto de vista.

A eso podemos sumar el reciente fallo de la Corte Suprema, que limitó las alzas de precios tras un recurso de protección presentado por 14 personas en contra de una isapre específica, pero que demarca los criterios para unos 40 mil recursos en contra de las aseguradoras en general. Así, los reajustes no podrían ser significativamente superiores a los establecidos por el sistema estatal, sentando un fuerte precedente.

Para algunos, "estas cosas sólo pasan en Chile". Pero la investigación académica dice lo contrario. Un reciente estudio de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social demostró que la situación compromete globalmente a varios países, siendo un tema de alta preocupación. Por un lado, tenemos el aumento de gastos en salud, la complejidad tecnológica y la predominancia de las enfermedades crónicas, que derivan en más riesgos financieros. Y por otro, las mayores demandas de la sociedad civil y los grupos organizados que ejercen presión para tener más control sobre las instituciones de seguridad social.

Estos componentes, invariablemente, por ahora parecen no tener otro destino que la judicialización. Estudios recientes comparan los marcos regulatorios de diferentes países y cómo inciden en sus sistemas de salud, especialmente la inspección, vigilancia y control; el ejercicio de la supervisión en salud y, como fin último, las ventajas y desventajas en función del cumplimiento del derecho a la salud que inherentemente tiene todo ser humano. Sobre esto hay experiencias interesantes que revisar y analizar con detención.

Aprovechando que estamos en época de campañas electorales, esta materia debiera ser, al menos, uno de los ejes centrales de las propuestas programáticas que se presenten a la ciudadanía.

Es necesario diseñar una estrategia nacional que, por una parte, ponga al día los marcos regulatorios y, por otro lado, dé respuesta a las demandas de los ciudadanos bajando los decibeles de la judicialización. No esperemos a que sea demasiado tarde para hacer los cambios.
Recuadro :
"Estos niveles de conflictividad no son sostenibles. Seguir atochando el sistema judicial no ayuda a hacerlo más rápido y eficiente".
 
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